Un experto de los servicios antiterroristas lleva meses entrevistándose con presos de ETA críticos con la estrategia de la banda, con la intención de que suscriban un documento conjunto a favor del fin de la violencia y la apuesta por las vías exclusivamente políticas, según han confirmado a este diario fuentes policiales. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, tiene claro que los 731 presos etarras (579 en cárceles españolas y 152 en prisiones francesas según datos de Etxerat, la asociación de apoyo a los presos) son un colectivo capaz de condicionar el futuro de la banda, y ha centrado en ellos una parte fundamental de su estrategia antiterrorista. Para ello ha designado a un experto policial de la Comisaría General de Información como interlocutor del departamento con los presos etarras a los que se supone partidarios del fin de la violencia. Una catalogación que los servicios de información e Instituciones Penitenciarias vienen haciendo desde hace años, y que actualmente cifran en torno a un 70%.
“La mayoría de los presos están por echar el cierre, pero otra cosa es que estén dispuestos a hacerlo público”, manifestó una de las fuentes consultadas. El objetivo del visitador policial del ministro, que lleva meses recorriendo todas las cárceles del país, es que la disidencia interna se plasme en un documento que reclame a la actual dirección de la banda el fin de la violencia. Algo que han hecho ya, aunque a título individual, destacados etarras como José Luis Álvarez Santacristina, ex jefe del Aparato Político; José Luis Urrusolo Sistiaga, ex jefe del comando Madrid; Ignacio Aracama Mendía, uno de los interlocutores con el Gobierno en las conversaciones de Argel; Carmen Guisasola, responsable durante años del comando Nafarroa, o Francisco Múgica Garmendia Pakito, considerado el número 1 de la banda hasta su detención en 1992 en la localidad vascofrancesa de Bidart, entre otros.
El documento suscrito por éste en el verano de 2004, en el que afirmaba que “la lucha armada que hoy desarrollamos no sirve”, fue la llama que encendió las críticas internas. La labor del interlocutor de Interior se complementa con el trabajo de equipos de funcionarios de prisiones de reciente creación, que se encargan en exclusiva del seguimiento de los presos etarras y de los islamistas. Estos funcionarios, a quienes los propios funcionarios han calificado como “los pata negra”, controlan sus comunicaciones, las visitas que reciben, abogados que les asesoran y a los internos con los que se relacionan. Toda la información recogida se centraliza a través de un mando de la Guardia Civil -entre sus competencias está la seguridad en las prisiones- destinado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Las fuentes consultadas están convencidas de que si consiguen que un número importante de presos suscriba el mencionado documento ETA no podrá resolver el reto con la expulsión de todos ellos, como ha hecho hasta ahora con quienes han hecho pública su disidencia. La banda es consciente de ello y ha designado a "comisarios políticos” en cada uno de los centros penitenciarios donde existe una concentración significativa de presos.
Una labor que hasta ahora recaía exclusivamente en tres irreductibles: Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikierdi, Unai Parot y Ana Belén Egüés.Ya el pasado mes de abril el Ministerio del Interior procedió a concentrar en la prisión de Zuera (Zaragoza) a algunos de los disidentes más significados. Este centro penitenciario acoge en este momento a quince terroristas: Juan Luis Aguirre e Koldo Aparicio, Santiago Arróspide Sarasola, Luis Azkargorta, Iñaki Bilbao Gaubeka, Angel María Elkano, Sergio García, Imanol Larrañaga, Kepa Legina, Peio Odriozola, Jokin Sancho, Jorge Uruñuela, Mikel Zubimendi y Leire Martínez. Fuera de duda la eficacia policial, como pone de manifiesto el goteo permanente de detenciones en España y Francia, la ilegalización de su trama política, con su consiguiente exclusión de las instituciones, y la campaña del Gobierno vasco contra cualquier muestra de exaltación del terrorismo. Los presos son la última pata que, de momento, sustenta a ETA.
“La mayoría de los presos están por echar el cierre, pero otra cosa es que estén dispuestos a hacerlo público”, manifestó una de las fuentes consultadas. El objetivo del visitador policial del ministro, que lleva meses recorriendo todas las cárceles del país, es que la disidencia interna se plasme en un documento que reclame a la actual dirección de la banda el fin de la violencia. Algo que han hecho ya, aunque a título individual, destacados etarras como José Luis Álvarez Santacristina, ex jefe del Aparato Político; José Luis Urrusolo Sistiaga, ex jefe del comando Madrid; Ignacio Aracama Mendía, uno de los interlocutores con el Gobierno en las conversaciones de Argel; Carmen Guisasola, responsable durante años del comando Nafarroa, o Francisco Múgica Garmendia Pakito, considerado el número 1 de la banda hasta su detención en 1992 en la localidad vascofrancesa de Bidart, entre otros.
El documento suscrito por éste en el verano de 2004, en el que afirmaba que “la lucha armada que hoy desarrollamos no sirve”, fue la llama que encendió las críticas internas. La labor del interlocutor de Interior se complementa con el trabajo de equipos de funcionarios de prisiones de reciente creación, que se encargan en exclusiva del seguimiento de los presos etarras y de los islamistas. Estos funcionarios, a quienes los propios funcionarios han calificado como “los pata negra”, controlan sus comunicaciones, las visitas que reciben, abogados que les asesoran y a los internos con los que se relacionan. Toda la información recogida se centraliza a través de un mando de la Guardia Civil -entre sus competencias está la seguridad en las prisiones- destinado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Las fuentes consultadas están convencidas de que si consiguen que un número importante de presos suscriba el mencionado documento ETA no podrá resolver el reto con la expulsión de todos ellos, como ha hecho hasta ahora con quienes han hecho pública su disidencia. La banda es consciente de ello y ha designado a "comisarios políticos” en cada uno de los centros penitenciarios donde existe una concentración significativa de presos.
Una labor que hasta ahora recaía exclusivamente en tres irreductibles: Juan Lorenzo Lasa Mitxelena Txikierdi, Unai Parot y Ana Belén Egüés.Ya el pasado mes de abril el Ministerio del Interior procedió a concentrar en la prisión de Zuera (Zaragoza) a algunos de los disidentes más significados. Este centro penitenciario acoge en este momento a quince terroristas: Juan Luis Aguirre e Koldo Aparicio, Santiago Arróspide Sarasola, Luis Azkargorta, Iñaki Bilbao Gaubeka, Angel María Elkano, Sergio García, Imanol Larrañaga, Kepa Legina, Peio Odriozola, Jokin Sancho, Jorge Uruñuela, Mikel Zubimendi y Leire Martínez. Fuera de duda la eficacia policial, como pone de manifiesto el goteo permanente de detenciones en España y Francia, la ilegalización de su trama política, con su consiguiente exclusión de las instituciones, y la campaña del Gobierno vasco contra cualquier muestra de exaltación del terrorismo. Los presos son la última pata que, de momento, sustenta a ETA.
Fuente: elconfidencial.com
1 comentario:
PSOE= Partido Sinverguenzas que Ocultan Estas cosas
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