Mañana acaba el plazo de dos años que el Ministerio de Fomento dio en 2008 a las administraciones públicas para que adaptaran los reductores de velocidad (badenes y bandes transversales de alerta) a la Orden de Fomento que especifica nuevas alturas, volúmenes y señalizaciones. En Andalucía, donde ninguna administración ha sido capaz de cumplir el plazo, salvo el Estado, la Junta ha decidido prorrogar el plazo otros dos años con el argumento de que las obras de adaptación son caras y complejas.
En 2009, la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Obras Públicas aprobó una instrucción sobre seguridad vial en las carreteras de la región en la que reconocía la obligación de cumplir la Orden del Ministerio de Fomento que daba un plazo de dos años para adaptar los reductores de velocidad y bandas transversales de alerta. Por esa razón, la Junta procedió al diagnóstico de los reductores de velocidad, estudio que encargó a la empresa de ingeniería Inysur, que concluyó que el 99% de ellos no cumplían la normativa, por lo que era necesario destinar unos 4,6 millones de euros para adaptar unos 1.440 badenes en las carreteras propiedad de la comunidad autónoma: 809 trapezoidales, 615 bandas transversales de alerta y 129 de lomo de asno. De los 1.440 badenes que la Junta debe arreglar, 720 están en Sevilla, 213 en Granada, 180 en Cádiz, 110 en Jaén, 106 en Málaga, 93 en Almería, 83 en Córdoba y 48 en Huelva.
El pasado 20 de octubre, cuando faltaban once días para que expirara el plazo dado por el Estado, la Consejería de Obras Públicas aprobó una nueva instrucción prorrogando dos años más el período para adaptar los badenes a la nueva normativa. «Dado el coste y la complejidad de llevar a cabo, de forma unánime y en el mismo plazo en todo el territorio andaluz, esta adaptación a la normativa técnica de los reductores de velocidad, resulta necesario ampliar dicho período de adaptación a un plazo de dos años», se excusa la Junta en la nueva instrucción. De este modo, la Administración andaluza, que exige a sus ciudadanos el cumplimiento riguroso de los plazos que estipula la Ley en todos los ámbitos sopena de ser sancionados, se exime a si misma de cumplir no sólo la Orden de Fomento, sino la misma instrucción de la Junta de 2009 que hacía suya la normativa estatal.
Al margen de los badenes de la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones han instalado en sus carreteras los reductores de velocidad que han creído conveniente en los últimos años.
Fuente: ABC
En el caso de Castilleja ningún badén se ha modificado conforme a la nueva normativa, es más, alguno más se ha contruido sin tener en cuenta dicha normativa. Aunque se ha dispuesto de la oportunidad para adaptarlos contando con el dinero que podría haberse empleado del famoso "plan zapatero", se ha preferido emplear en otras obras... ¿más rentables?.
